POLITICA CRIMINAL

POLÍTICA CRIMINAL Y DELINCUENCIA

                   RELACIÓN DISCIPLINARIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

Es el conjunto sistemático de principios en los que se inspira la actuación del Estado para organizar la lucha contra la criminalidad. En todo caso, y de acuerdo con el principio de legalidad penal, la actividad represiva del Estado mantendrá la garantía criminal o seguridad de que una persona sólo puede ser condenada por una acción u omisión definida como delito en ley orgánica vigente en el momento de la comisión (reserva de ley orgánica). La garantía penal, complemento de la anterior, conlleva que la sanción esté prevista en ley anterior al hecho delictivo. Ambas garantías no son más que nuevos enunciados del principio de legalidad criminal. En todo caso, todo ello no impide que, mediante la llamada ley penal en blanco, se tipifiquen conductas delictivas mediante remisión a otras normas legales en las que se describe el correspondiente supuesto de hecho. 

Al fin de entender la situación actual de la política criminal que México ha implementado tratándose de delitos vinculados a la delincuencia organizada, debe fijarse qué se entiende por política criminal; lo relativo a delincuencia organizada; la reforma constitucional sobre derechos humanos; para estar en aptitud de entender la política criminal existente en materia de delincuencia organizada y su contraposición al sistema garantista de derechos humanos que impera en nuestro sistema jurídico. En ese orden, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la “política” como el “arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado”; así también por tal acepción se considera “a la ciencia del gobierno de los Estados, al ser la actividad destinada a ordenar jurídicamente la vida social humana... de ella deriva el gobierno de los hombres en la comunidad organizada y consiste en acciones ejecutadas con intención de influir, obtener, conservar, crear, extinguir o modificar el poder, la organización o el ordenamiento de la comunidad”; de tales definiciones se deriva que la “política” hace referencia a una actividad social, propia y exclusiva del Estado que representa la búsqueda de un fin común para la colectividad, siendo uno de sus objetivos primordiales el bienestar del ser humano en sociedad. Por tanto, a efectos de establecer una definición particular, se sustenta que la “política” se trata de la ciencia que tiene por objeto de estudio el gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente los Estados, estableciendo lineamientos para el desarrollo de sus funciones y facultades.
Asimismo, la política criminal puede entenderse como “la acción estatal encaminada a prevenir, reprimir o controlar la criminalidad en un tiempo y espacio específico”; esto es, desde la perspectiva de la interrelación existente con la criminología, como “la actividad eminente práctica que realiza el Estado para enfrentar los problemas derivados de la criminalidad; su valor fundamental es que se refiere a la toma de decisiones respecto de políticas sectoriales o generales y su puesta en marcha, además de la evaluación permanente de los programas establecidos”.